|
DERECHO AL
TRABAJO
Artículo 35: Todos los
españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre
elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y
a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su
familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón
de sexo.
|
|
Madrigal. "El Adelantado de
Segovia" - 22-11-2003 |
| Titulares de
prensa sobre el derecho al trabajo (en los meses anteriores y posteriores
a la celebración del 25 aniversario): Casi el 92% de los contratos de
trabajo formalizados en 2003 fueron temporales (este es el tipo de
contrato más utilizado por las empresas); El 36% de los parados lleva un
año sin trabajo; La mujeres ocupan 8 de cada 10 empleos con jornada
parcial; 1.699.197 parados, el 8,9% de la población activa, en el mes de
noviembre; La tasa de paro masculina queda en el 6% y la femenina en el
13,2%; El 69% de las ayudas va a los hombres, aunque hay el triple de
paradas; El 75% de los parados que recibe formación encuentra un trabajo
no relacionado con el curso; Economía pide que se eliminen las cláusulas
de revisión salarial; El salario mínimo español es el segundo
más bajo de toda la Unión Europea; El 31% de los asalariados españoles
tiene contratos temporales, frente al 13% de los países europeos, según
los estudios de Eurostat; El Defensor del Pueblo denuncia la elevada
precariedad laboral en las Administraciones; El Gobierno advierte a los
sindicatos que aprobará reformas laborales aunque no logre pactarlas; La
Encuesta de Población Activa señala que en el 25% de los hogares nadie
trabaja; Tres de cada diez jóvenes de hasta 35 años permanecen en la
casa paterna; Más de 60.000 trabajadores fueron prejubilados en el
último año; La ola de expedientes de regulación pretende destruir más
de 60.000 empleos estables y sustituirlos por precarios; Casi el 30%
de los contratos de trabajo dura menos de un mes; España mantiene la
mayor tasa de desempleo de la zona euro; El Gobierno ha dado vía libre a
todos los expedientes de regulación desde 1997; Los ajustes de plantilla
que estudió el Ministerio de Trabajo crecieron un 64% hasta 2002;
Más de la mitad de los jóvenes aceptaría cambiar de residencia por un
empleo; España es uno de los países con menos empleo y más temporalidad
de la UE ampliada (seis de los diez nuevos socios comunitarios superan la
tasa de ocupación española); Bruselas recuerda a España que es el
país con la tasa de desempleo más alta de Europa; La CES urge a la Junta
de Castilla y León medidas para combatir el paro juvenil, que llega al 1%;
El Tribunal de Cuentas denuncia graves anomalías en la Gestión del Fondo
Salarial (el Fogasa-organismo público que indemniza a los trabajadores
despedidos cuando sus empresas atraviesan dificultades- recibe más dinero
de la Seguridad Social del que paga a los trabajadores desde 1999). |
|
SEGURIDAD
EN EL TRABAJO
Artículo
43: Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los
poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
|
| Titulares
sobre el derecho a la seguridad en el trabajo:
Las
muertes por accidentes laborales se disparan un 53% en septiembre (782
trabajadores han fallecido en los nueve primeros meses del año 2003); Un
tribunal culpa a un albañil del accidente que sufrió y le retira la
indemnización (el trabajador se puso en situación de peligro al aceptar
realizar el trabajo, según la sentencia); Dos sentencias de Córdoba y
Pontevedra culpan al trabajador de accidente laboral (los fallos
consideran responsables de imprudencia a los afectados por los
siniestros); Vocales del Poder Judicial exigen investigar la actuación de
los jueces en los accidentes laborales; Además de 1104 muertos, la
siniestralidad supuso 10900 millones, el 1,57 del PIB, en 2002; Un grupo
de inspectores acusa a la Consejería de Trabajo de Madrid de dejar que
caduquen 383 sanciones laborales; La falta de un método de trabajo es la
principal causa de los accidentes laborales (Ambrós subraya que los
planes de prevención "pecan de generalistas"); CCOO denuncia la "falta" de inspectores de Trabajo en la región de Madrid
(sólo hay un inspector por cada 22000 trabajadores, lo que facilita el
incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales); Casi el
100% de los accidentes en los tajos se produce entre empleados de
subcontratas (la mayoría de los obreros son eventuales y carecen de
formación); Sindicatos y oposición exigen medidas duras contra los
accidentes (proponen que las empresas asuman los siniestros de sus
subcontratistas); "Hay infracciones en las obras que ponen la carne
de gallina" (Antonio Camacho, Fiscal de Delitos Laborales); Castilla
y León registro una tasa de siniestralidad del 63,43 por mil en 2001; Los trabajadores temporales sufren 4 veces más accidentes
que los fijos; Sólo en un 3% de las muertes por accidente laboral hay
sentencia penal; Los trabajadores menores de 24 sufren el doble de
accidentes laborales; Cada dos días muere un obrero en accidente laboral;
CCOO calcula que el 66% de las empresas no cuenta con el plan de riesgos
laborales (el sindicato denuncia la inclusión de algunos accidentes de
trabajo en enfermedades por contingencia común); La Agencia Europea de
Seguridad ve "inaceptablemente alta" la siniestralidad laboral
en España; UGT denuncia que la siniestralidad laboral aumentó pese a la
legislación; España tiene el índice de accidentes laborales más
elevado de la UE (la cifra casi duplica la media comunitaria); El
presidente de la CES recomienda revisar la ley de siniestralidad laboral y
mejorar la prevención; España es el penúltimo país dela UE en gasto de
salud por habitante.
|
|
PROTECCIÓN
DE LA INFANCIA
Artículo 39: Los poderes públicos asegurarán la protección
social, económica y jurídica de la familia(...). Los niños gozarán de
la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus
derechos.
|
| Según un
estudio de audiencias infantiles realizado por la profesora de la
Universidad Complutense de Madrid Carmen Marta Lazo, para el 92% de los
niños ver la tele es la actividad preferida al llegar del colegio, por
delante de jugar, merendar y hacer los deberes. Los niños pasan ante la
pantalla 218 minutos al día, pero sus programas preferidos tienen
que ver muy poco con contenidos especialmente dirigidos al público
infantil. Estas ofertas escasean en la mayoría de las cadenas públicas y
son ignoradas por las privadas, por lo que los niños están abocados, por
fuerza, a consumir los mismos productos que los adultos. Los
espectadores de 7 a 12 años se decantan claramente por los programas de
adultos. "Es urgentísimo regenerar la
televisión, porque atenta contra la salud mental de los españoles, Creo
que sólo se puede corregir este déficit ético, estético y cultural
desde una televisión de Estado y no gubernamental. Una cadena pública no
puede convertirse en un medio publicitario del Gobierno, una máquina de
ganar dinero o batir récords de audiencia (...). La crueldad, la
chabacanería, la falta de respeto, los atentados contra el idioma.
Necesitamos una televisión de Estado, referente de los valores de la
Constitución -igualdad, respeto, tolerancia-, y no estos programas
estupidizantes que atentan contra la dignidad y manipulan la verdad"
(Josefina Molina, realizadora de televisión). Núñez Morgades, Defensor
del Menor de la Comunidad de Madrid aboga por la creación de un Consejo
Asesor de las Televisiones, que garantice el respeto a la integridad del
menor y la salvaguardia de sus derechos. En su opinión, actualmente las
cadenas públicas y privadas de televisión "no están respetando los
compromisos con los menores, cuando éstos pasan más tiempo ante el
televisor que en el colegio". |
|
JUSTICIA
DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO
Artículo 117:La justicia emana del pueblo y se administra
en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial,
independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al
imperio de la ley.
Artículo 162: Está legitimada para interponer el recurso de
amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.
|
| La Asociación
Ajura, de Apoyo al Jurado Popular, asegura que la Justicia Penal se rige
en España todavía por una Ley de 1882, la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, y que ni siquiera la Constitución y su desarrollo han podido
derogar. Ningún Gobierno se ha atrevido todavía a sustituirla por un
texto nuevo y moderno. De acuerdo con esta Ley, son los jueces,
unipersonales o colegiados, los que tienen el poder omnímodo para
determinar lo que es delito y lo que no lo es. La instrucción del proceso
también queda asignada, por lo general, a un juez unipersonal. Esta
Asociación aporta datos: según el CIS, en 1992 (última encuesta) sólo
era posible encontrar un 3% de españoles que afirmaban que los jueces les
inspiraban mucha confianza. Al 12% no les inspiraba ninguna confianza y,
entre los de "regular" y "poca" sumaban el 55%. Sobre
la imparcialidad de los jueces, también el 55% puso en duda esa virtud
judicial y sobre la maquinaria judicial decían que "mal" y
"fatal" el 31 y el 7% respectivamente , y un 26% que
"regular". Un 17 % de españoles no opinaba sobre esta última
cuestión. Una de las pocas modificaciones sustanciales que se ha hecho de
esta trasnochada Ley ha sido la institución del Jurado Público, para
juzgar cierto tipo de delitos. Sin embargo, la alarma social mediatizada
que se ha generado a raíz de determinadas decisiones de estos jurados
populares, les ha puesto en entredicho.
Otros datos: En el año 2002 el Tribunal
Constitucional recibió 7456 recursos; el 97,71 lo fueron de amparo y se
admitieron 179. La admisión nada tiene que ver con la resolución
positiva.
Más datos: Los juzgados y tribunales acumulan 2,1 millones de asuntos sin
resolver (los casos pendientes aumentaron en 79.000 en los nueves
primeros meses de 2003), según un informe del Consejo General del Poder
Judicial. Los jueces dejaron sin resolver más de dos millones de asuntos
en 2002, según la Memoria del Consejo del Poder Judicial de 2002. El
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, en el mes
de noviembre de 2003, condenó a España al pago de 6000 euros al
demandante por el daño sufrido y a 1500 euros por gastos
jurídicos, por considerar que la lentitud del Tribunal
Constitucional para amparar a un ciudadano -cinco años, cinco meses y 18
días- vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos en lo que se
refiere a un plazo razonable para que la justicia resuelva un caso. Es la
tercera condena a España por dilación judicial. |
|
DERECHO A UNA
VIVIENDA DIGNA
Artículo 47: Todos
los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho,
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general
para impedir la especulación. La comunidad participará en las
plusvalías que genere la acción urbanística en los entes públicos.
|
| Titulares de
prensa sobre el derecho a una vivienda digna (en los meses anteriores y
posteriores a la celebración del 25 aniversario): Las constructoras
españolas prevén superar el record de ventas establecido en el
2003 (las ventas de las seis principales empresas en los nueve
primeros meses de 2003 aumentaron un 23%, hasta los 23700 millones de
euros; El precio de la vivienda subió 4,5 veces más que los salarios en
2003; El precio de la vivienda nueva en 2003 creció un 15,8%, la mayor
subida en 14 años; El valor de los pisos se ha duplicado desde el inicio
del "boom" inmobiliario, a final de 1997; Hacienda aplaza sin
fecha la norma que permite gravar los 2,8 millones de pisos vacíos en
España; La deuda de las familias creció un 16,3% en octubre por la
vivienda; Los defensores del Pueblo exigen una intervención pública para
abaratar el suelo; Las cooperativas sólo construirán el 4% del total de
las viviendas nuevas este año; La vivienda es el tercer problema de los
españoles, según el CIS; El pago de las hipotecas recorta la tasa de ahorro
familiar hasta el 13,3% en 2002; Los jóvenes españoles necesitan 11 años de
salario para comprar un piso; Un estudio de la FUCI revela que los
compradores tienen que destinar hasta el 60% de sus salario a la vivienda;
España registra una de las alzas en construcción más importantes de la
UE; Vender un piso comprado sobre plano antes de que esté construido
puede reportar plusvalías de hasta un 200%; España es el país de la
zona euro en el que más ha subido la viviendas en 2002; El Banco de
España avisa del riesgo de un "ajuste brusco" en la vivienda;
Bruselas advierte a España sobre el "riesgo" derivado de los
precios de la vivienda; El
FMI también alerta sobre el impacto del rápido aumento en el precio de
la vivienda; En
la región de Madrid hay 25.000 viviendas inferiores a 30 metros
cuadrados; Un joven destinaría el 56% de sus sueldo en una vivienda de
100 metros cuadrados; El coste de acceso a una casa para las mujeres es un
19% más caro debido a la diferencia de unos 2000 euros en el salario
medio; El 65% de la población de entre 18 y 34 años vive en el hogar
familiar; Las hipotecas crecieron
un 24 % en el último año por el "boom" de la vivienda; Los
impuestos suponen un 15% en la compra de una vivienda nueva; El precio de
la vivienda ha crecido tres veces más que los salarios en los últimos 15
años; El alquiler medio de Madrid cuesta 1150 euros al mes, pero la mitad
de los universitarios sólo puede pagar 500 euros; Cada español debe a
los bancos y a las cajas de ahorro una media de 16717 euros; La
construcción de pisos protegidos se redujo a la mitad con el PP, según
la asociación de cooperativas Agecovi; La construcción de viviendas
crece un 25% al calor del "boom" inmobiliario; El alquiler,
escaso y desconocido; La falta de estadísticas fiables impide saber si
las viviendas en arrendamiento suben o bajan; La deuda de las familias
crece al 13,5% y marca un máximo histórico; El crédito hipotecario
representa el 78,2% del endeudamiento en los hogares españoles; Una
inmobiliaria saca a la venta al doble de precio 400 pisos que compró en
enero; La mitad del capital privado está invertido en construcción,
según el BBVA; España es el segundo país de la UE con hipotecas más
baratas; Sólo el 111% de los españoles recurre al alquiler; Las
organizaciones de consumidores suman 122.000 quejas y consultas sobre la
vivienda de los consumidores; La compra de vivienda requiere dedicar el
salario bruto de seis años; La CES tacha de "escandalosa" la
dificultad para acceder a una vivienda en España (el organismo alerta de
que el 34% de los jóvenes no se emancipa por el precio de la vivienda. |
|
INTEGRACIÓN
DE LOS DISMINUIDOS
Artículo
49: Los poderes públicos realizarán una política de previsión,
tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada
que requieran y los ampararán para el disfrute de los derechos que este
Título otorga a todos los ciudadanos.
|
| Titulares
de prensa sobre el derecho a la integración de los disminuidos (en
los meses anteriores y posteriores a la celebración del 25 aniversario)
: Sólo una de cada tres personas con discapacidad trabaja,
según el INE; La proporción de discapacitados se triplica entre la
población pobre; En la cola europea en inserción laboral (sólo el 4,2%
de la población activa tiene alguna discapacidad, lo que coloca a España
en el último puesto de la UE); España es el país de la Unión Europea
con menos empleo para las personas con discapacidad (las cifras demuestran
que no se respeta la cuota de reserva para este colectivo). |
|
El
gasto social en España ha bajado del 24% al 19'2% del PIB en una década
|
